Panorámica de la Integración Total en el Sistema Tributario chileno

Por: Área Editorial Tributaria

El jueves 22 de agosto de 2019, la Cámara de Diputados aprobó, en su primer trámite constitucional, a un día de completarse un año del ingreso del proyecto al parlamento (23.08.2018), la actual reforma tributaria que “Moderniza la Legislación Tributaria”, y que continuará con su segundo trámite de revisión: ahora en el Senado. Por lo que este martes 3 de septiembre se dará cuenta de su ingreso a la Sala del Senado. Se augura que la discusión en Sala no será nada fácil, lo que podría frenar que este proyecto se convierta en ley rápidamente.

 

“Hacienda celebra respaldo a reforma tributaria: “Algunos dijeron que se ganaría por 1 o 2 votos, y se ganó por casi 20”. El ministro (Felipe Larraín) dijo además que los principales beneficiados son las pymes del país.”
Aquí ganan todos los chilenos, pero ganan en especial las pymes, que van a ver un mejor régimen, la certeza tributaria para el contribuyente, la defensoría del contribuyente, la certeza jurídica para que los inversionistas puedan confiar en invertir en Chile, y ganan también los adultos mayores y las regiones´, sostuvo.”

 

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(www.latercera.com, Pulso, Economía & Dinero, por Sofía Aravena, 22.08.2019).

 

El proyecto final que ingresa al Senado corresponde a la versión reformulada del Proyecto original, pues han existido diferencias “irreconciliables” en lo que respecta al “corazón de la reforma”, esto es, lo concerniente a la “integración total” del sistema tributario que, a juicio del gobierno del presidente Piñera, busca lograr “equidad horizontal” a la hora del pago de los impuestos a la renta de empresas y sus dueños.

 

“´Significan casi 17 Teletones”: Los descargos de Camila Vallejos por aprobación de la reintegración en reforma tributaria. La diputada comunista aseguró que la reintegración del sistema tributario “devuelve 833 millones de dólares CADA AÑO al 1% más rico de Chile” y que con ella “nuevamente el Gobierno y parlamentarios de Chilevamos, con ayuda de algunos parlamentarios DC, beneficiaron a los grandes empresarios´”.

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(www.cnnchile.com, de 23.08.2019).

 

El actual régimen “semiintegrado” que aprobó la reforma de la expresidenta Bachelet el año 2014, sería contrario a lo que pretende ahora el proyecto del presidente Piñera, pues las empresas que hoy pertenecen a este régimen (los llamados “súper ricos”, entre los cuales se cuentan algunas Pymes “mal clasificadas”) pagan una mayor tasa por concepto de Impuesto de Primera Categoría (27%), mientras que sus dueños deben desembolsar hasta 9,45 puntos porcentuales más en impuestos finales o personales de la Ley de la Renta (IGC o I.A.), como resultado de que solo se les permite rebajar de dichos impuestos un 65% del pago del Impuesto de Primera Categoría realizado por sus empresas, y no el 100%.

“Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero: Hoy 150 mil Pymes tributan al 27% y con la Reforma lo harían al 25%”

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(www.dioarioconcepcion.cl, Economía y Negocios, por Felipe Placencia, de 27.04.2019).

 

Recordemos que con la “integración total” del sistema tributario se pretende volver a lo que ocurría en Chile hasta el 31.12.2016 (cuando con la reforma tributaria de la ley N° 20.780 el régimen de “FUT”, vigente durante poco más de 30 años, dio su último aliento), pues en aquella época todas las empresas pagaban con la misma tasa su Impuesto de Primera Categoría, mientras que sus dueños estaban acostumbrados a descontarlo totalmente de sus impuestos finales. No existía distinción entre contribuyentes empresas y sus dueños a la hora del pago del impuesto a la renta. En cambio, la reforma tributaria de la expresidenta Bachalet generó un sistema tributario de carácter dual, que diferenció entre regímenes: “atribuido” o de tributación inmediata para los dueños de un grupo importante de Pymes, y otro “semiintegrado” o de tributación final que puede postergarse en el tiempo, es decir, los dueños pagan su IGC o I.A. solo con base en los retiros, remesas o distribuciones efectivas de utilidades que realizan de sus empresas, y que fue concebido para un grupo selecto de contribuyentes: los “súper ricos” (S.A. y holdings de empresas conformados también por otras personas jurídicas). Esta distinción al parecer “injusta” entre los regímenes de las rentas empresariales, no era tan así, ya que a cambio de la postergación en el pago de los impuestos finales a la renta por parte de los dueños de las empresas del régimen “semiintegrado”, se les exigió a sus empresas el pago de una mayor tasa por concepto de Impuesto de Primera Categoría (27%), pero de la cual sus dueños solo pueden descontar un 65%. Este hecho llevó a reconocer en el formulario 22 de los dueños de las empresas del régimen “semiintegrado” un “Crédito por Impuesto de Primera Categoría CON obligación de restitución”, ya que, para efectos prácticos, desde un punto de vista matemático, hoy se les permite rebajar el 100% del impuesto de la empresa, pero, al mismo tiempo, deben devolver un 35% del mismo. El efecto neto de la operación es la utilización de un crédito, finalmente, equivalente al 65% del impuesto de la empresa.

Por lo tanto, la “integración” es un concepto nada nuevo en nuestro sistema tributario, ya que contábamos con ella desde que nació la ley N° 18.293, de D.O. 31.01.1984. Lo distinto fue la tributación de los dueños del capital de las empresas con base en la “atribución” y el nuevo concepto de “semiintegrado” que propuso la reforma tributaria de la ley N° 20.780 y su Simplificación con ley N° 20.899, pues, de lo contrario, ¿para qué, entonces, tuvimos una reforma tributaria que vino a modificar casi a 30 cuerpos legales? La justificación fue, simplemente, aumentar la carga tributaria en 3% del P.I.B. para financiar con ingresos permanentes gastos también permanentes (como fue la “gratuidad” en la educación), avanzar en el tema de la “equidad tributaria” mejorando la distribución del ingreso, introducir nuevos y más eficientes incentivos de ahorro a la inversión e impulsar medidas para disminuir la evasión y elusión. De ahí que, el gobierno de la expresidenta Bachelet justificó plenamente segregar el pago de los impuestos anuales a la renta para el binomio empresa-dueños, especialmente, tratándose de las empresas que declaraban su renta efectiva según una contabilidad completa, las cuales diferenció entre regímenes “atribuido” y “semiintegrado”. Lo cual, a su vez, dio origen a nuevos conceptos, inéditos en Chile, como la “renta atribuida”, definido en el inciso 2° del N° 2.- del artículo 2° de la Ley de la Renta, esto es, aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o parcialmente a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, al término del año comercial respectivo, atendido su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto de primera categoría conforme a las disposiciones de las letras A) y C) del artículo 14, y de la letra A) del artículo 14 ter, y demás normas legales, en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa, o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que ésta participe y así sucesivamente, hasta que el total de las rentas percibidas, devengadas o atribuidas a dichas empresas, se atribuyan a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional en el mismo año comercial, para afectarse con el impuesto que corresponda.”

 

El régimen “atribuido” se destinó exclusivamente a empresas de cierta naturaleza jurídica, como ser: E.I., EIRL, Cm, SpA, EP y SP, excluidas las CPA, siempre que estuvieran conformadas por dueños personas naturales,  quienes descontarían de sus impuestos finales (IGC o I.A., según corresponda) la totalidad del impuesto de categoría pagado por sus empresas, tal como ya llevaban haciéndolo, por más de 30 años durante la época del “FUT”. Por su parte, a excepción del 14 ter y renta presunta, todas las demás empresas debían pertenecer al régimen alternativo “semiintegrado” (S.A. abiertas y cerradas, CPA y SP con algún socio persona jurídica), cuyos dueños conservaron como base de tributación la “renta percibida”. Una de las grandes críticas al sistema de “FUT” por parte del gobierno de la expresidenta Bachelet fue que, algunas de las grandes empresas, que nacieron como sociedades anónimas habían acumulado una riqueza extremadamente muy alta por concepto de utilidades tributables que no habían sido retiradas, remesadas ni distribuidas a sus dueños, lo que había impedido al Fisco echar mano de los impuestos personales que debían aplicar a dichas utilidades. Es por lo que nació el sistema “atribuido”, de tributación final inmediata para sus dueños, pero “curiosamente” no prosperó en su aplicación con los dueños de las empresas del régimen “semiintegrado”: los “súper ricos”, ya que estos “pusieron el grito en el cielo”. Es tanta la riqueza que generan cada año, por ejemplo, empresas tales como: bancos, Isapres, AFP, del retail, entre otras, que no iban a estar jamás sus dueños dispuestos a pagar altiro en el IGC o I.A. Por lo que a estos se les permitió seguir concentrando la riqueza, pero a cambio sus empresas soportarían dos puntos porcentuales más en la tasa del Impuesto de Primera Categoría (27%) comparado con el régimen “atribuido” (25%) y, como, finalmente, el gobierno de la expresidenta comprendió que el pago del IGC o I.A. por parte de los dueños de las empresas en realidad es que aporta al erario. En cambio, el impuesto que pagan las empresas es tan solo una ilusión transitoria. Las empresas hacen como que pagan el impuesto de categoría, ya que hoy disponen de una serie de rebajas y créditos a nivel de su formulario 22, que les permite fácilmente no pagar dicho tributo, o bien, si lo desean, hasta anular el alza de los dos puntos porcentuales, como ha estado ocurriendo con las empresas del régimen “semiintegrado”. Se supone que este tipo de empresas tiene la capacidad de planificar cada Año Tributario su Operación Renta, dado que cuenta con recursos y staff de asesores legales y tributaristas para el manejo eficiente en el pago de sus impuestos a la renta. Otro aspecto es la naturaleza del Impuesto de Primera Categoría, ya que para muchos legalmente es un impuesto a la renta, pero económicamente no lo es tal, pues por su comportamiento lo asimilan más bien a un préstamo transitorio “forzoso” que las empresas realizan al Fisco, para luego este último devolvérselos a sus dueños mediante su imputación, rebaja o descuento de sus impuestos finales o personales. De esta operación matemática, los dueños de las empresas podrán conseguir una devolución del impuesto de categoría, o bien, pagar una diferencia de impuestos por concepto de IGC o I.A., según corresponda. Aquí radicó el fundamento del porqué del régimen “semiintegrado”, cuyos dueños de empresas ya no rebajarían el 100%, porque tampoco quisieron pagar sus impuestos a la renta como los dueños de las empresas del sistema “atribuido”, por lo que tampoco tendrían derecho a un descuento en la tributación final equivalente a la totalidad del impuesto de categoría, sino que les asegurarían al Fisco hasta 9,45% (un 35% de la tasa de categoría de 27%) por concepto de pago real y efectivo en impuesto a la renta.

 

  • El costo tributario de los regímenes

Cuando se estudia el costo tributario por impuesto a la renta en Chile en el sistema de rentas empresariales, la fórmula considera dos partes, a saber: 1) la tasa del Impuesto de Primera Categoría, que en realidad corresponde a un adelanto de los impuestos finales IGC o I.A., según se trate, que deben realizar “obligatoriamente” las empresas al Fisco por cuenta de sus dueños. Tal pago, a su vez, puede ser cubierto total o parcialmente con los créditos o rebajas de la Primera Categoría. No es casualidad que, precisamente, empresas del régimen “semiintegrado”, como es el caso de las sociedades anónimas, mantengan “fundaciones” con fines educacionales o culturales, con cuyos aportes destinados a un fin laudable, de paso, permiten rebajar el tributo de categoría en un 50% de su valor, logrando importantes beneficios tributarios por sus “economías de escala”, y 2) la tasa restante de pago por concepto de impuestos finales IGC o I.A., según corresponda, en tanto, los dueños de las empresas paguen impuestos finales al Fisco. De nada sirve, que el Impuesto de Primera Categoría continúe devolviéndose a todos los dueños de empresas, como ocurrió por más de 30 años durante el sistema de “FUT” y que incluso hoy continúa ocurriendo. El hecho es darse cuenta de que el Estado necesita recursos para financiar los gastos a nivel país, ya sean, fiscales y/o de tipo social, que ayuden al progreso y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la nación. Todos estamos conscientes de la real necesidad de recursos, más todavía si en estos últimos años hemos visto como, lamentablemente, se han despilfarrados por parte de algunos organismos gubernamentales, lo que ha agudizado el problema. Ni qué decir de la crisis climática y de tipo económica que hoy atraviesan las naciones en el contexto internacional que cada vez más ralentizan los avances, limitando el crecimiento y desarrollo. El problema histórico es siempre que los recursos son escasos frente a necesidades siempre crecientes, múltiples e ilimitadas.

 

Así las cosas, el costo tributario del régimen “atribuido” está dado por una tasa de 25% del IDPC más la tasa marginal de hasta 35% en el IGC o de 35% general en el caso del I.A., menos el 25% del IDPC, lo que arroja, finalmente, como costo una tasa que puede alcanzar hasta 35%. En igual sentido, el costo del régimen “semiintegrado” está dado por una tasa de 27% por IDPC más la tasa marginal de hasta 35% en el IGC o de 35% general en el caso del I.A., menos el 65% del 27% de la tasa del IDPC, lo que puede alcanzar un costo de hasta 44,45%, es decir, el régimen “semiintegrado” es hasta 9,45% más caro que el régimen anterior y, con respecto también al resto de los otros regímenes especiales, como el 14 ter y la renta presunta.

 

¿Qué ofrece la versión del Proyecto de reforma actual, que pasó a discusión al Senado, en materia de “integración”?

A decir verdad, el Proyecto ofrece reintegrar el sistema tributario a nivel de las rentas empresariales, de modo que, todos los dueños de empresas en Chile puedan descontar de sus impuestos finales IGC o I.A., según corresponda, el Impuesto de Primera Categoría pagado por sus empresas. Además, el costo tributario final de cada uno de los regímenes resultantes del nuevo Proyecto de reforma es en todos los casos hasta una tasa de 35%, que es la tasa marginal más alta del IGC o la tasa general del I.A. de la Ley de la Renta. Todos los empresarios en Chile deberán sacrificar hasta un 35%, en tanto hayan -en general- realizado retiros efectivos, remesas y distribuciones de utilidades, por lo que no existirá distinción -como hoy ocurre- entre los que pagan hasta el 35% y los que lo hacen hasta el 44,45% por concepto de impuestos a la renta.

 

El fondo de lo que hoy ofrece el Proyecto de reforma: “integración total”, es el mismo que existía con anterioridad a la reforma de la expresidenta Bachelet (en el sistema de “FUT”), y del cual goza absolutamente hoy en día el régimen “atribuido”, con excepción, claro está, de las empresas y sus dueños pertenecientes al régimen “semiintegrado”. En definitiva, quienes sí o sí resultarán beneficiados con la “reintegración” son los dueños de las empresas de este último régimen, ya que en vez de pagar hasta 9,45% más en impuestos finales IGC o I.A., con el Proyecto de reforma buscan no desembolsar suma de dinero alguna equivalente a dicha alícuota.

  • El cambio de base

 

Además, se produce otro cambio importante, ¿cuál es?, la base contemplada para los retiros, remesas y distribuciones de utilidades es a todo evento de naturaleza “percibido” (salvo en el régimen de “renta presunta”), es decir, los dueños de las empresas en Chile vuelven a tributar con los impuestos finales a medida que realicen retiros, se les remesen o distribuyan utilidades como dividendos desde sus empresas. Tal como ocurría con en anterior régimen de “FUT”. ¿Qué fue lo que cambió ahora? Los dueños de las empresas del régimen “atribuido” se verían, al parecer, beneficiados con este sistema, pues con la actual atribución de rentas deben pagar ipso facto sus impuestos finales, esto es, basta con que sus empresas hayan generado una utilidad o Renta Líquida Imponible positiva al 31.12. para que dicha cantidad deba también pagar sus impuestos finales. El cambio, entonces, propuesto por el Proyecto de reforma es a todas luces beneficioso, ya que los dueños de estas empresas tributarían ahora solo en la medida que realicen retiros efectivos, remesas o se les distribuyan dividendos, lo que les permitiría diferir o postergar el pago de sus impuestos finales IGC o I.A. En tanto, para los dueños de empresas del régimen “semiintegrado” esto no sería problema, ya que actualmente tributan con base en lo percibido.

Como puede observarse, la nueva propuesta del gobierno del presidente Piñera no ofrece nada nuevo en tal sentido, ya que vuelve a los mecanismos del pasado. En contraste, el cambio en tales mecanismos llevó al gobierno de la expresidenta Bachelet a impulsar una de las reformas más agresivas a nivel país y que tuvo por foco a los “súper ricos”, ya que estos eran los que más diferían el pago de los impuestos en Chile, pues postergaban la tributación de sus impuestos finales IGC o I.A. al no realizar retiros, remesas o distribuciones de utilidades, o si lo hacían, no resultaban suficientes. Ni qué decir del empleo de las figuras de reorganización societaria, las planificaciones tributarias agresivas con miras a pagar lo menos en impuestos, que terminaron por dar origen también a una norma antielusiva, que puso a la “elusión” como una figura delictiva similar a la “evasión”. Indudablemente, todo esto pasa por un tema de educación, cultura y por sobre todo “conciencia”. El problema reside, simplemente, en el “corazón del hombre”. Los “súper ricos” reinvierten la riqueza que producen, capitalizan las utilidades. Ellos crean, transforman y terminan empresas, dan trabajo y vigor a la economía, mueven los mercados. Su objetivo es también aumentar su patrimonio y riqueza, de paso, generan un efecto “chorreo” en la economía que beneficia a todos. Pero, esto sería insuficiente para el Estado y hasta perjudicial en el largo plazo, pues un aumento descontrolado del “capitalismo”, no hace sino aumentar las “brechas” entre “súper ricos” y los demás actores. Es sabido que no todos los “súper ricos” tienen “conciencia social” y ni qué decir si se preocupan por el futuro del planeta y de su humanidad. Esto fue, de cierta forma, lo que vio el gobierno anterior y con su reforma decidió extraer los recursos de un grupo especial de empresas y dueños pertenecientes al régimen “semiintegrado”.

 

Por otra parte, el Estado en la práctica lograba recursos por la vía del impuesto a la renta de las empresas, pero bien sabe que este ingreso es de carácter transitorio, porque debe devolverlo en la época de la tributación final de los dueños, la que históricamente habría resultado insuficiente, precisamente, en los sectores empresariales más pudientes por el diferimiento de su tributación final en el IGC o I.A. Esto unido, además, a la deuda del Fisco por concepto de crédito por Impuesto de Primera Categoría que habría llegado a niveles extremadamente preocupantes. De ahí, entonces, que tiene nacimiento un sistema “atribuido” para que los dueños paguen inmediatamente sus impuestos y no los difieran. Aunque, en realidad, los dueños de las empresas del régimen “atribuido” bajo el sistema anterior de “FUT” siempre pagaron impuestos por todo lo que retiraban, ya que probablemente no tenían el ánimo o incentivo de reinvertir sus utilidades. Su cultura ha sido y es consumir todas las utilidades que producen sus empresas. Es por eso también que el sistema “atribuido” hoy en día no les afectaría mayormente, como sí “pusieron el grito en el cielo” los empresarios del régimen “semiintegrado”, los cuales rechazaron abiertamente la imposición de un régimen que los obligaría a tributar por toda la riqueza que producían sus empresas, dando origen al régimen alternativo “semiintegrado” que conservó la tributación del pasado con base en los retiros, remesas o distribuciones de utilidades.

La “integración” es un mecanismo que tiene impacto en el bolsillo de los empresarios, a la hora de pagar sus impuestos a la renta, pero exclusivamente en aquellos pertenecientes a las empresas del régimen “semiintegrado”. Por lo que no afecta, en nada, a las empresas chilenas. Por el contrario, las empresas hoy del régimen “semiintegrado”, de aprobarse el Proyecto de reforma continuarían tributando con una tasa de 27%, en tanto que las demás lo seguirán haciendo con la tasa 25%. Pareciera, entonces, que la reforma de la expresidenta Bachelet no estaba tan equivocada, ya que resulta evidente que el Estado sí tiene una imperiosa necesidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente a tantos desafíos. Por algo las tasas del impuesto a la renta a nivel de empresas no fueron rebajadas.

A continuación, les presentamos el cuadro esquemático denominado “La ´Integración´ Total del Sistema Tributario chileno: generalidades para su comprensión”, para que usted revise la panorámica de la integración y saque sus propias conclusiones.

 

Descargar y ver cuadro esquemático

Descargar y ver el texto del Proyecto de ley aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (comparado)

Descargar y ver el Oficio de Ley que pasa a Cámara revisora del Senado, de 22.08.2019

 

Resumen. Thomson Reuters presenta un “Cuadro esquemático” que nos muestra la panorámica del “corazón de la reforma” (el artículo 14 de la Ley de la Renta) del proyecto reformulado de la reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera, actualmente en discusión, que a partir del 3.09.2019 pasa a revisión a la Cámara del Senado, y que da cuenta de la “integración total del sistema”, esto es, que permite la rebaja completa del Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa de los impuestos finales (IGC o I.A.) que les corresponde pagar a sus dueños, reemplazando a los actuales regímenes de rentas empresariales “Atribuido” y “Semiintegrado”, como asimismo, al régimen “14 ter”.

 

La propuesta plantea un régimen 100% integrado (Art. 14, letra A)) para los dueños de aquellas empresas que declaren la renta efectiva con contabilidad completa, con tributación basada en los retiros efectivos, remesas y distribuciones de utilidades, y que se obligan a llevar los registros del actual régimen “Semiintegrado” (RAI, DDAN, REX y SAC). En tanto, solo para las Pymes cuyos ingresos no superen las 75.000 UF (MM$ 2.100.- aprox.) les propone un régimen especial denominado “Pro-Pyme” (Art. 14, letra D)), al cual adherirán por el solo ministerio de la ley, con la opción de llevar una “Contabilidad Simplificada”, caso en el cual se liberarán de llevar los registros “RAI”, “DDAN” y “REX”, con tasa de PPMO entre 0,25% hasta 0,5% sobre sus ingresos, y cuyos dueños también cumplirán el pago de sus impuestos a la renta con base en los retiros, remesas y distribuciones de utilidades que realicen. Además, las empresas del régimen “Pro-Pyme” podrán optar por el régimen de “Transparencia Tributaria” (Art. 14, letra D), N° 8) que libera a la empresa del pago del Impuesto de Primera Categoría (¿se recuerda del extinto régimen 14 quáter?), en tanto que sus dueños tributarán con los impuestos finales sobre la base imponible (se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su fuente u origen) que determine la empresa (el “RCV” que controla el SII servirá de referente), según la forma que ellos hayan acordado repartir sus utilidades de acuerdo a lo estipulado en el pacto social. El crédito del artículo 33 bis se imputará a los impuestos finales que afecten a dichos propietarios.

. Las empresas de los regímenes Art. 14, letras A) y D), cuyos ingresos brutos sean inferiores a 100.000 UF (MM$ 2.800.-) anuales, podrán rebajar de su base imponible hasta un 50% de la RLI que mantengan invertida en la empresa, con tope de 4.000 UF (MM$ 112.-), además de la exención de I.A. por conceptos de servicios de publicidad y plataformas de internet pagadas al extranjero.

 

 

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