Ley N° 21.217 introduce tres (3) modificaciones en materia de “Acuerdos” destinados a prorrogar el plazo de pago de las facturas de la Ley N° 19.983

No podrán celebrarse “Acuerdos” cuando el vendedor o prestador de los servicios sea una empresa de menor tamaño (micro, pequeña o mediana) o cuando el comprador sea una empresa que supera en ingresos a 100.000 UF ($ 2.831.- millones). Asimismo, en el registro de los “Acuerdos” ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los datos del comprador o beneficiario, la existencia misma del “Acuerdo” y el plazo de pago pasan a tener carácter y acceso público. Y, finalmente, la justificación del “Acuerdo” mediante una cláusula de pago parcializado de las facturas, no argumentando fehacientemente, es causal de su invalidez.

En el D.O. N° 42.623, del viernes 3 de abril de 2020, fue publicada la Ley N° 21.217, que “Modifica la Ley N° 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, para Limitar los Acuerdos de Plazo de Pago Excepcional en casos de Empresas de Menor Tamaño Emisoras de Facturas”.

Esta Ley N° 21.217 consta de un artículo único y tres artículos transitorios, teniendo como vigencia 60 días desde su publicación en el D.O., esto es, desde el próximo 4 de junio de 2020.

Esta ley introduce tres (3) modificaciones al artículo 2° de la Ley N° 19.983, que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”:

  • 1. Limitación a la celebración de “Acuerdos” y su excepción. Recordemos que la obligación de pago de la factura hoy tiene un plazo máximo de 30 días corridos contados desde su recepción por parte del comprador o beneficiario del servicio, facultándose a las partes, en casos excepcionales, de común acuerdo puedan prorrogar este plazo, siempre que dicho “Acuerdo” conste por escrito, cumpla con ciertas formalidades y que no constituya un abuso para el acreedor (vendedor o prestador del servicio).
  • Asimismo, tal “Acuerdo” para su validez legal debe inscribirse, en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a su celebración, en un registro que lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de lo contrario, rige siempre el plazo máximo de pago de 30 días corridos.
  • Ahora bien, esta Ley N° 21.217, con ocasión de la crisis que atraviesa nuestro país y el mundo por la enfermedad de “coronavirus” y los efectos que, en todo orden, está produciendo, con el ánimo de proteger al “acreedor”, en este caso, puntualmente, a las empresas de menor tamaño definidas por la Ley N° 20.416, de D.O. 3.02.2010 (micro, pequeñas y medianas empresas), como así también cuando en la compraventa la parte compradora o beneficiaria de los servicios es una empresa que tiene ingresos superiores a 100.000 UF ($ 2.831.- millones) en el último año calendario (el caso de las “grandes empresas” en los términos de la Ley N° 20.416), se establece que  en estos casos no podrán celebrar “Acuerdo”.
  • No obstante, excepcionalmente, sí podrán realizar tales empresas dichos “Acuerdos” cuando habiendo acordado un plazo de pago superior a los 30 días corridos, resultare en beneficio de la empresa de menor tamaño (la acreedora), la realización de pagos anticipados o avances.
  • 2. El registro de los “Acuerdos” para los datos que señala, pasa a ser de orden público. Esto rige respecto a quién es el comprador o beneficiario del servicio, la existencia del “Acuerdo” y el plazo de pago superior a 30 días corridos, datos que pasan a tener carácter y acceso público.
  • 3. Se agrega un nuevo ejemplo de cláusula indebida en los “Acuerdos”, que intenta demorar el pago de la factura del vendedor o prestador del servicio, como ser: aquellas que tengan por objeto retrasar el plazo de pago de la factura, al establecer pagos parcializados, excepto en lo que respecta al caso de excepción de la modificación tratada en el punto 1) anterior.
  • Esta última modificación, en opinión del editor de contenidos, pareciera que se contrapone con la excepción del punto 1) anterior, pues, efectivamente, pudiera suceder que una gran empresa actuando como compradora celebre un “Acuerdo” con su acreedor (una Mipyme, por ejemplo), y en la medida que tal “Acuerdo” contemple la realización de pagos anticipados, donde el acreedor no tiene inconveniente alguno, en atención al problema de liquidez generalizado que ocasionaría esta crisis sanitaria, lo que describe debidamente dicho “Acuerdo”, entonces, no habría necesidad de que el registro de este “Acuerdo” en tales circunstancias resulte inválido, al tenor de la regla de excepción legal referida en el punto 1) anterior. No obstante, a la luz de la nueva cláusula que incorpora la Ley N° 21.217, por vía ejemplar o taxativa, al artículo 2° de la Ley N° 19.983, según la modificación en comento, podría derivar que la cláusula de pagos anticipados celebrado en el ejemplo no tenga validez.
  • Respecto a lo anterior, ¿el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es la entidad que actualmente controla y fiscaliza los “Acuerdos” (que se inscriben en su registro), a fin de detectar cláusulas de demora o abuso, sin una debida justificación? Si esto es así, entonces, pienso que la clave para que el “Acuerdo” no sea objetado y sea válido legalmente, al tenor de esta última modificación legal, radica en que la cláusula de “pagos parcializados” que se establezca debe estar debidamente argumentada y justificada fehacientemente. Esto para que el comprador o beneficiario del servicio se evite reparos de parte de la autoridad en esta materia, al suponer que, de otro modo, resulta en un abuso para el acreedor, o simplemente, lo que se ha pretendido con ello es retrasar innecesariamente el pago de la factura.

SANTIAGO, lunes 6 de abril de 2020.

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