MCT 511 (Editorial Julio 2020) – “Solicitud de Devolución por Art. 27 bis con Ley N° 21.210”

En esta edición del mes de julio de 2020 abordamos primeramente el Tema de Contingencia denominado Modificaciones Ley N° 21.210 a la Ley del IVA en materia de inmueble”, donde el Servicio de Impuestos Internos instruyó por medio de su Circular N° 37, de 20.05.2020 las modificaciones de la Reforma Tributaria en materia de inmuebles: el concepto de venta y vendedor, los hechos gravados especiales, la base imponible, la proporcionalidad en el uso del Crédito Fiscal y la vigencia legal de ellas a partir del 1.03.2020. Invitamos al lector a conocerlas.

El lector podrá consultar un esquema denominado “Ámbito general de las modificaciones de la Reforma Tributaria Ley N° 21.210 en materia de inmuebles”, que resume los principales aspectos del estudio y análisis realizado por el Servicio, a partir de las modificaciones incorporadas por el artículo tercero de la Reforma al texto de la “Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios” (LIVS) del DL N° 825, de 1974.

A continuación, en el Tema de Colección del mes de tratamos Solicitud de devolución por art. 27 bis con Ley N° 21.210”, a través del cual su autora, Ruby Vásquez J., presenta la “Solicitud de devolución por art. 27 bis con Ley N° 21.210”, bajo el nuevo escenario de la Reforma de la “Modernización Tributaria”. Al respecto, nos cuenta sobre esta franquicia y su nuevo enfoque operacional (F3280) a través de una aplicación electrónica del Servicio, en funcionamiento desde el 1.06.2020.

Por medio de la “Solicitud de Devolución por art. 27 bis (F3280)”, el contribuyente podrá solicitar on line la devolución del IVA Crédito Fiscal recargado en las adquisiciones de bienes y/o servicios que hayan sido destinados al activo fijo o inmovilizado, siempre que se cumpla con los requisitos legales para ello. De hecho, con las modificaciones incorporadas por la Reforma Tributaria Ley N° 21.210, de D.O. 24.02.2020 que “Moderniza la Legislación Tributaria”, a contar del 1.03.2020 ya no se exige contar con un remanente de Crédito Fiscal por IVA de seis (6) o más períodos tributarios consecutivos, sino de tan solo dos (2) o más meses. Este importante avance viene a favorecer a los contribuyentes en términos de su liquidez inmediata, es decir, su capacidad para contar con recursos (efectivo y/o efectivo equivalente) para financiar su “capital de trabajo”, al permitirles movilizar recursos (hoy empozados dentro del activo como un “Crédito Fiscal” que solo podía hacerse efectivo a través de su descarga contra los Débitos Fiscales, mes a mes), en disponible o efectivo inmediato (tradicionalmente conocido como “caja y/o bancos”). Esto, apenas el Servicio de Tesorerías cuente con la copia de la solicitud de devolución autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, para cursar así la devolución, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a dicha aprobación. También, la Reforma Tributaria contribuyó con la disminución del plazo de respuesta del Servicio, al llevarlo de sesenta (60) días a tan solo veinte (20) días, lo que aplica a contar del 1.04.2020. Por cierto, que esto permitirá a quienes soliciten ahora una devolución por art. 27 bis contar con los recursos tan prontamente, apenas el Servicio concluya con sus labores de control y/o fiscalización de la solicitud y la Tesorería cuente en su poder con la solicitud autorizada, favoreciendo así la liquidez de los contribuyentes de IVA en estos tiempos de crisis.

También, a través de esta opción electrónica, el contribuyente podrá consultar el estado del F3280, e incluso corregirlo o rectificarlo inmediatamente, en acuerdo con el fiscalizador remoto que atiende la solicitud; evitando así, como ocurría anteriormente con las solicitudes manuales, tener que retirar la solicitud y reintegrar una nueva en tal sentido. Además, que el Servicio también complementó con información de ayuda para que el contribuyente se vaya literalmente “a la segura”, de modo que la autorización de su devolución de impuestos sea exitosa y en el más breve plazo posible.

Para acceder a esta nueva aplicación, los contribuyentes deben ingresar en la web del Servicio www.sii.cl a “Servicios online”, opción “impuestos mensuales”, ingresando luego al menú “Solicitud de devoluciones”, tal como muestra la imagen siguiente:

Imagen N° 1. “Solicitud de devoluciones” en la web del SII.
Fuente: www.sii.cl

Seguimos con las Interpretaciones Administrativas, donde destacamos la Circular N° 43, de 24.06.2020, que hemos titulado “Nuevo régimen opcional “ISFUT” con Reforma Tributaria Ley N° 21.210”. Entre los temas que aborda esta normativa, cabe señalar: los aspectos generales, los requisitos para acogerse al régimen opcional del “ISFUT”, la tasa de “ISFUT”, el monto susceptible de acogerse al régimen opcional de “ISFUT” (la base imponible), el crédito por IDPC, el crédito por impuestos pagados en el extranjero (“IPE”), los efectos de la declaración y pago del “ISFUT”, el tratamiento de las sumas pagadas por concepto de “ISFUT”, el “ISFUT” a las utilidades reinvertidas que permanecen en el “FUR” de las empresas receptoras, la vigencia de las instrucciones y, finalmente, incluye un Anexo con las normas legales de conformidad al Artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley N° 21.210, de D.O. 24.02.2020. Por lo que nuestro lector podrá revisar en la sección “Destacados” de Checkpoint Tributario un Esquema N° 1 con los alcances teóricos más importantes de esta normativa.

En la sección Jurisprudencia Judicial abordamos una sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Antofagasta, del 27.02.2020 que hemos titulado “Se declara prescrita la acción fiscalizadora del Servicio, dejándose sin efecto las Liquidaciones reclamadas”, toda vez que dio HA LUGAR al reclamo tributario de un contribuyente en contra de dos Liquidaciones de impuestos, emitidas por la II DR del Servicio de Impuestos Internos de Antofagasta, por diferencias del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del AT 2012 y el Reintegro del artículo 97 de la LIR por el PT agosto 2013, por encontrarse prescrita la acción fiscalizadora al momento de emitir y notificar dichas Liquidaciones. Tampoco el ente fiscalizador había calificado de maliciosamente falsa la Declaración de Impuesto a la Renta del AT 2012, como, asimismo, durante el proceso no existieron elementos de prueba que acrediten malicia en la presentación de dicha declaración, por lo que el TTA no condena en costas a la reclamada, por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar.

Este fallo que también puede ser consultado en la cita online CL/JUR/30840/2020, nos enseña, a juicio del editor de contenidos, que el contribuyente de este caso estuvo muy atento, en primer lugar, frente a las Liquidaciones que le practicó el Servicio a alegar la “prescripción extintiva” de cobro de las obligaciones tributarias del Fisco, amparándose en el artículo 200 del Código Tributario (DL N° 830, de 1974), en su inciso 1°, esto es: El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago.” Era evidente que la revisión de la Renta del AT 2012, cuyo plazo legal de vencimiento era el 30.04.2012, expiraba el 30.04.2015. En tanto que, la Citación, de fecha 25.04.2018, y las Liquidaciones practicadas por el Servicio, de fecha 28.09.2018, resultaban a todas luces extemporáneas. Sin embargo, el ente fiscalizador dentro de su estrategia para perseguir el cobro de las diferencias, pretendió fallidamente invocar la aplicación del inciso 2° de la citada norma legal, alegando la existencia de irregularidades en los Años Tributarios siguientes (2015 y 2016), y de que no se le había aportado documentación requerida con respecto a los AT 2012 y 2013. Su finalidad era conseguir el derecho a su favor, esto es: “El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto.” No lo logró, pues el Tribunal Tributario y Aduanero fue tajante al señalarle al Servicio que “en el proceso no existen elementos de prueba que acrediten malicia en la presentación de dicha declaración” (AT 2012), por lo que a continuación agrega: “Que, al no ser maliciosamente falsa la Declaración de Impuestos a la Renta presentada respecto del Año Tributario 2012, no se cumple con el requisito legal para que el Servicio fiscalizador pueda liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia en su Liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de 6 años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago; sino que tal plazo solo es de 3 años conforme lo dispone el inciso primero del artículo 200 del Código Tributario.” Asimismo, en cuanto al segundo argumento del Servicio, de que el contribuyente no había aportado la documentación requerida, el Tribunal fue categórico al señalarle al Servicio que la citada norma legal, que aumenta el plazo de prescripción de 3 a 6 años, no lo contempla como presupuesto o causal.

En segundo lugar, en este caso, es dable señalar la colaboración prestada por el contribuyente al Tribunal Tributario y Aduanero, lo cual le ayudó también a conseguir una resolución favorable a su reclamación, pese a las observaciones tributarias que le imputaba el Servicio.

En la sección Diario Oficial destacamos la publicación en el D.O. N° 42.676, del martes 9.06.2020, de la Ley N° 21.236, que “Regula la Portabilidad Financiera”. Esta nueva ley entrará en vigencia 90 días desde su publicación en el D.O., esto es, el lunes 7.09.2020. Está conformada por 33 artículos generales y tres artículos transitorios. Además, esta ley contempla un Reglamento que debe dictarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha de su publicación, esto es, antes del viernes 24.07.2020.

¿En qué consiste esta ley?

En términos generales, esta ley consagra un derecho para el cliente (personas, micro y pequeñas empresas) que tiene por objeto promover su portabilidad financiera, esto es, facilitar a cambiarse, si lo estima conveniente, de un proveedor (todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva y que tenga un giro relacionado con el otorgamiento de créditos, o toda entidad fiscalizada por la “CMF”) de servicios financieros a otro, o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo proveedor. Para ello deberá presentar al nuevo proveedor una solicitud de portabilidad financiera, quien requerirá al proveedor inicial los respectivos certificados de liquidación (término anticipado regulado por el artículo 17 D) de la Ley N° 19.496, de D.O. 7.03.1997 que “Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”), y de pago del Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE), cuando corresponda. Esta solicitud tendrá una vigencia hasta la retractación del cliente o hasta 30 días hábiles bancarios contados desde la última comunicación enviada por el cliente al proveedor, sin que haya recibido una oferta de portabilidad financiera de este último. El proveedor inicial deberá comunicar al cliente en un plazo no superior a 5 días hábiles bancarios el cierre del producto o servicio financiero. La portabilidad financiera puede realizarse bajo las siguientes modalidades: sin subrogación, con subrogación, o bien, un mismo proceso de portabilidad podrá operar con ambas modalidades para distintos productos o servicios. En definitiva, el proceso podrá realizarse entre productos o servicios financieros otorgados por distintos proveedores, o entre productos o servicios financieros otorgados por el mismo proveedor. Además, la ley incluye modificaciones a otros cuerpos legales, cuales son: la ya citada Ley N° 19.496; al art. 24 del DL N° 3.475, de 1980 sobre Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas, en lo referido principalmente al reemplazo de la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero” y en lo referido al certificado de pago del impuesto, y al art. 9°, numeral 2) de la Ley N° 20.416, de D.O. 3.02.2010 que “Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño”, que inserta una frase referida a la “Ley sobre Portabilidad Financiera”.

Finalmente, junto a nuestro equipo editorial lo invitamos a disfrutar de esta edición de invierno, la que ciertamente no agota los temas tributarios de que trata, siendo nuestro especial deseo que usted, estimado lector, los aproveche al máximo y que le sirvan de real apoyo en su trabajo o estudio diario.

Cordialmente,

Heriberto Urrutia Muñoz
El Editor de Contenidos MCT
Área Editorial
Thomson Reuters

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