MCT 515 (Editorial Noviembre 2020) – “La ´DEDECON´ en la Ley N° 21.210”

En esta 11ª. edición del año 2020 abordamos, primeramente, el Tema de Contingencia denominado “Operación Renta AT 2021: Plazos de vencimientos DDJJ y Certificados”, donde el Área Editorial Tributaria nos presenta la Resolución Exenta SII N° 128, de 30.09.2020 a través de la cual el Servicio instruyó para el AT 2021, los plazos para cumplir con las Declaraciones Juradas Anuales (DDJJ). Lo invitamos a informarse, revisar las fechas y planificar la primera etapa de la Operación Renta 2021.

El “Calendario de Plazos de vencimientos” para la presentación de las Declaraciones Juradas Anuales para este 2021, tomado textualmente de la Resolución Exenta SII N° 128, es el siguiente:

Imagen N° 1. Resolutivo 1° referido al “Calendario de Plazos de vencimientos”.
Fuente: Tomado desde la Resolución Ex. SII N° 128, de 30.09.2020.

A continuación, en el Tema de Colección del mes de noviembre tratamos “La “DEDECON” en la Ley N° 21.210”, mediante el cual el Área Editorial Tributaria nos presenta el cuerpo legal contenido en el artículo vigésimo tercero de la Ley N° 21.210, de D.O. 24.02.2020 que crea y regula la “Defensoría del Contribuyente” o “DEDECON”, o “Defensoría”. Esta nueva institucionalidad según la Ley, debe estar implementada a más tardar a partir del 25.02.2022. Por lo que invitamos al lector a conocer qué es, su rol, el ámbito de sus funciones y cómo estará conformada, entre otros aspectos de interés.

La “DEDECON” es un organismo público que se supone estará al mismo nivel institucional que el Servicio de Impuestos Internos, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su principal objetivo es velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes, en especial, de los más vulnerables y de las micro, pequeñas y medianas empresas o “Mipymes”, en las materias de tributación fiscal interna.

El gran descontento que supone la “DEDECON” frente a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos está dado porque la Ley N° 21.210 le ha otorgado ciertas facultades “superiores” que, en la práctica, implicarán observar y corregir, si fuera necesario, el trabajo de la autoridad tributaria en materias de tributación fiscal interna, es decir, en el ámbito de la competencia del propio Servicio de Impuestos Internos. Esto porque, entre otros, conocerá las quejas de los contribuyentes respecto del ejercicio del rol fiscalizador del Servicio, cuando supongan una vulneración de sus derechos, o incluso si alguna de las instrucciones de este vulnera también la propia ley. Su labor se centra fundamentalmente en cuatro (4) ámbitos de aplicación: los derechos de los contribuyentes, el cumplimiento tributario de estos, la realización de estudios, análisis, revisiones y dar opiniones técnicas y, por, sobre todo, servir de mediador entre el Servicio y los contribuyentes.

Seguimos con las Interpretaciones Administrativas, donde destacamos la Circular N° 62, de 24.09.2020, que hemos titulado “El SII instruye sobre los Regímenes Tributarios “Pro Pyme General” y “Pro Pyme Transparente”, con vigencia a partir del 1.01.2020. Se reemplaza Circular N° 43, de 2016. Se incluyen, entre otros, Anexo N° 2 sobre ejemplos de casos de relación y Anexo N° 4 sobre ejercicios de los regímenes.”

El editor de contenidos tributarios presenta un esquema general para facilitar la revisión y estudio de la Circular N° 62, la cual -dicho sea de paso- tiene 89 páginas de lectura obligatoria para las empresas y sus Propietarios, pertenecientes a los Regímenes “Pro Pyme General” (artículo 14, Letra D) de la LIR) y la opción “Pro Pyme Transparente” (artículo 14, Letra D), N° 8 de la LIR).

En la sección Jurisprudencia Judicial abordamos una sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, del 24.01.2020 que hemos titulado “TTA rechaza reclamo de contribuyente por falta de pruebas idóneas en la etapa de fiscalización (SII)”, con ocasión de las Liquidaciones de impuesto N°s. 418 a 444, todas de 12.12.2014, emitidas por la XV Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos Santiago Oriente, por los períodos tributarios 2011, 2012 y 2013, por un monto neto de $ 12.399.441.402.- atendida la falta de probanzas idóneas por la Sociedad reclamante en la etapa de fiscalización, y no siendo esta la instancia jurisdiccional (TTA) la establecida por la ley para efectuar una nueva auditoría a los antecedentes solicitados por el Servicio, a raíz de la subdeclaración u omisión del IVA Débito Fiscal originado en la prestación de servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme lo dispuesto en los artículos 2, N° 2, y 8 del DL N° 825, de 1974, en relación al artículo 20, N° 4, del DL N° 824, de 1974. Por lo que, en definitiva, el TTA confirmó las Liquidaciones, ordenó girar los impuestos correspondientes y declaró no condenar en costas al contribuyente vencido por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Este fallo que también puede ser consultado en la cita online CL/JUR/20351/2020, nos enseña, a juicio del editor de contenidos, lo que ya tantas veces hemos señalado: es el contribuyente quien tiene que cumplir con sus obligaciones y a todo requerimiento que le formule la autoridad tributaria. Por lo que no hacerlo en tiempo y forma, simplemente, lo expone a hechos como lo ocurrido en este caso, donde el contribuyente vencido tendrá que responder al Fisco por más de $ 12.399.441.402.- ¿Acaso el monto en controversia no justificaba a la empresa haberse asesorado legal y tributariamente bien?, ¿por qué dejó avanzar el proceso hasta una etapa posterior de Liquidación y recién ahí se preocupó por dar una respuesta, pero al TTA (en una etapa de reclamación) y no al Servicio de Impuestos Internos, más aún, lo hizo de manera incompleta?

En este caso, a juicio de este editor, la discusión en gran medida pasa por haberle aclarado al Servicio, en tiempo y forma, si la actividad económica que realizaba la reclamante estaba o no afecta a IVA. Así se sencillo y complejo era. Porque no basta con la descripción de las actividades, sino también su sustento jurídico en cuanto al fondo de ellas: por ejemplo, ¿tipifican rentas del artículo 20 N°s. 3, 4 o 5 de la Ley de la Renta (LIR)? No se trataba de señalarle al Servicio dos o tres oficios en que supuestamente se amparaba para justificar su actividad como liberada de impuesto (oficios N°s. 65, de 1997 y 2020, de 2011). Por el contrario, el contribuyente emplazado tuvo en la etapa de fiscalización, la oportunidad suficiente (¡y si le faltaba tiempo pudo haber pedido prórroga del plazo!) para haberle contestado verbal y luego por escrito al Servicio sobre quién era este, cuál era su actividad o actividades, sin dar por sentado que la autoridad tributaria lo tendría claro de antemano. Eso fue un craso error. El Servicio, como “viejo lobo” se aprovechó de la falta de experiencia del reclamante ante el TTA, y de forma limpia y transparente argumentando la falta de respuesta del contribuyente, terminó por ganar el caso.

Note usted, mi estimado lector, como el reclamante se refirió a la descripción de su actividad: “f) Que, en cuanto al fondo del asunto, argumenta que la razón social de la compañía menciona que el giro principal de la sociedad es el de Gimnasios y ha sido el mismo SII el que ha señalado expresamente que esta actividad deportiva no se encuentra gravada con IVA, pues no se encuentra clasificada en los números 3 o 4 del artículo 20 de la LIR. Al efecto, se apoya en el Oficio N° 65 del SII, de 13.01.1997, y en el Oficio N° 2020 del SII, de 30.08.2011.

“g) Que, en conclusión, expone que el servicio prestado por un gimnasio, consistente en permitir el acceso al recinto dotado de máquinas e instalaciones deportivas, otorgando un conjunto de servicios orientados exclusivamente a facilitar la práctica de actividades deportivas, tanto individuales como grupales, a los cuales el usuario accede pagando una remuneración única, no se encuentra afecta a Impuesto al Valor Agregado, por cuanto dicha actividad no está clasificada en los números 3 o 4 de la LIR.” (Considerando PRIMERO).

Por lo que muy diferente habría sido si este le hubiera indicado al Servicio, en tiempo y forma, detalladamente en qué consistía su servicio de gimnasio propiamente tal, describiéndole el flujo de actividades para su materialización, “separando aguas” entre ellas y “calzando” a estas con las referencias normativas a su favor, y no haberse remitido simplemente a señalarle a la autoridad las que con anterioridad ha dado a conocer a través de su jurisprudencia administrativa; la que, por cierto, ayuda, pero no zanja la discusión porque los “oficios” son meras respuestas a consultas particulares que le han formulado con anterioridad los contribuyentes al Servicio. El “oficio” zanja, en primera instancia, la discusión entre ese contribuyente puntual y la autoridad tributaria. Este último entiende que cada caso debe resolverse siempre a la luz de los hechos y del derecho respectivamente. Los “oficios” sirven como herramientas normativas de apoyo, pero no son la “panacea” en la discusión. Por cierto, recordemos también que el Servicio ha realizado “cambios de criterio” y el contribuyente dispone en su favor lo señalado en el artículo 26 del Código Tributario, DL N° 830, de 1974.

En conclusión, revisemos lo que estipuló el TTA en su fallo, en su Considerando DÉCIMO SÉPTIMO, destacándose en negrita las oraciones de interés: “Que, conforme todo lo anterior, atendida la falta de probanzas idóneas por la Sociedad reclamante en la etapa de fiscalización y no siendo la instancia jurisdiccional la establecida por la ley para efectuar una nueva auditoría a los antecedentes solicitados por el Servicio de Impuestos Internos, no resulta procedente que, aportando en esta sede escasísimos e inoficiosos antecedentes, se requiera al Juez para que despliegue una actividad administrativa que no es de su competencia, dejando claramente establecido que el análisis realizado por esta sentenciadora no se corresponde con una auditoría propiamente tal, en los términos que esta está concebida.”

En la sección Diario Oficial destacamos las publicaciones: 1) en el D.O. N° 42.768, del miércoles 30.09.2020 del extracto de la Circular N° 62, de 24.09.2020. Imparte instrucciones sobre el Régimen Tributario Pro Pyme, esto es, “instruye sobre los nuevos Regímenes Tributarios incorporados por la Ley N° 21.210, para la micro, pequeña y mediana empresa contenidos en el artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que rigen a contar del 1 de enero de 2020. Reemplaza la Circular N° 43, de 2016.”; 2) en el D.O. N° 42.773 del martes 6.10.2020, entre otros, del extracto de la Resolución Ex. SII N° 128, de de 30.09.2020. Fija plazo para presentación de Declaraciones Juradas que indica, esto es, “fija plazo para la presentación de Declaraciones Juradas que se indican para el Año Tributario 2021.”, y 3) en el D.O. N° 42.775, del jueves 8.10.2020 del Oficio ordinario N° 2.011, de 14.09.2020.

A través del Oficio N° 2.011, el Servicio realizó un cambio de criterio con respecto a lo señalado anteriormente en el Oficio N° 1.304, de 8.05.2019. ¿En qué consiste el cambio de criterio del Servicio?

Pues bien, como sabe nuestro lector, la Ley N° 21.131, de D.O. 16.01.2019 sobre “Establece Pago a 30 días” estableció modificaciones a la Ley N° 19.983, introduciendo los artículos 2° bis (interés moratorio legal) y 2° ter (comisión fija), toda vez que hoy en día se reconoce que las facturas cuentan con un plazo máximo de pago de 30 días corridos desde la recepción de la factura, según lo que establece el artículo 2° de la Ley N° 19.983 (recuerde que desde la emisión de la factura existe un plazo de 8 días corridos para su recepción, aceptación o reclamación en contra de su contenido. Si no se produjera el reclamo, se entenderá por irrevocablemente aceptada). Por lo que vencido dicho plazo, sin haberse registrado aún el pago, la Ley faculta al acreedor para que le aplique al deudor un interés corriente en caso de mora y el cobro de una comisión fija de 1% del saldo insoluto adeudado por recuperación de pagos. Al respecto, el Servicio instruyó por medio del Oficio N° 1.304 que, el “interés moratorio legal” no se encontraba gravado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que, por regla general, debía procederse con la emisión de los documentos tributarios referidos por la Resolución Ex. SII N° 6.080, de 10.09.1999, esto es, boleta o factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA, excepto en el caso de Bancos o Instituciones Financieras, refiriéndose en este último caso, que las empresas de factoring no bancario que revistan el carácter de Institución Financiera (hecho que debe constatarse en la instancia de fiscalización) al amparo del resolutivo 4° de la Resolución Ex. SII N° 7, de 14.01.2005, que dispone que tanto Bancos e Instituciones Financieras no estarán obligados a emitir facturas por el pago y cobro de intereses provenientes de operaciones e instrumentos financieros y de créditos de cualquier naturaleza (esto con vigencia desde el 1.07.2005).

Por otra parte, por la “comisión fija por recuperación de pagos” el Servicio instruyó que no se encontraba gravada con IVA por no corresponder a una “venta” ni tampoco a un “servicio”. Además, señaló que en este caso no correspondía aplicar la Resolución Ex. SII N° 6.080, de 10.09.1999, no resultando procedente la emisión de documento tributario alguno por el concepto de esta “comisión”, sino bastando para su respaldo cualquier otro documento de carácter interno (control interno de la empresa) que acredite fehacientemente la operación realizada.

Sin embargo, con la publicación ahora del nuevo Oficio N° 2.011, el SII cambió el criterio de interpretación en cuanto al respaldo documental del “interés moratorio legal”, al señalar que los acreedores no deben emitir boletas o facturas no afectas o exentas de IVA por el pago de los intereses del artículo 2° bis de la Ley N° 19.983, ni tampoco por la “comisión fija por recuperación de pagos” a que se refiere el artículo 2° ter de la citada Ley.

El Servicio agregó, además, que este nuevo criterio se presume conocido por los contribuyentes, desde la publicación del Oficio N° 2.011 en el D.O., lo que ocurrió el pasado jueves 8.10.2020.

Finalmente, junto a nuestro equipo editorial lo invito a disfrutar de esta undécima edición 2020, la que ciertamente no agota los temas tributarios de que trata, siendo nuestro especial deseo que usted, estimado lector, los aproveche al máximo y que le sirvan de real apoyo en su trabajo o estudio diario.

Cordialmente,

Heriberto Urrutia Muñoz
El Editor de Contenidos MCT
Área Editorial
Thomson Reuters

Artículos relacionados

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *