¿ES POSIBLE UN ALIVIO PARA IMPORTADORES POR EL EXCESIVO AUMENTO DEL VALOR DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL?

El sistema normativo del comercio exterior chileno tiende a resguardar la “neutralidad” en el mercado interno de bienes y servicios, de tal forma que los respectivos impuestos no alteren la estructura relativa de los precios internos y no sea un factor de distorsión en éstos.

Es así como nuestra legislación nacional opera mediante el mecanismo de “tasa cero” sobre la base que los productos que se importan han salido desgravados en origen. Por su parte, la misma legislación exime de IVA a las exportaciones y confiere crédito fiscal por el IVA pagado en la cadena de producción, atendido que los bienes y servicios exportados no son consumidos en el país exportador.

De esta forma, para resguardar la competitividad del productor nacional y neutralizar esta situación, en nuestro ordenamiento jurídico se grava con IVA a la importación, sea o no habitual.

En este contexto, constituyendo la importación un hecho gravado “especial” previsto en la letra a) del artículo 8º de la Ley Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, Decreto Ley N°825, de 1974, su base imponible también es “especial”, por cuanto según la letra a) del artículo 16 del mismo Decreto Ley N°825, de 1974, no esta simplemente conformada por el precio de la operación o de compraventa internacional, sino que se construye sobre el valor aduanero de los bienes que se internan o, en su defecto, por el valor CIF de los mismos bienes, ordenando que los gravámenes aduaneros (Arancel Aduanero) que se causen en la misma importación también formen parte de dicha base imponible.

Por su parte, conforme el artículo 5° de la Ley Nº18.525, que Establece Normas Sobre Importación de Mercancías al País, se ordena que el contribuyente asigne una base imponible a las importaciones conformada por el valor aduanero constituido, en primer término, por el “valor de transacción” o precio realmente pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, más el costo real o teórico del seguro y flete del transporte internacional.

De esta forma, nuestra legislación ha optado por gravar las importaciones conformando una base imponible constituida por el Valor Aduanero (valor transacción mercancía + seguro + flete), más el Derecho Ad-Valorem causado en la misma importación.

En este sentido, la grave crisis de la cadena logística que sufre nuestro país originada por la situación mundial derivada de la pandemia del COVID-19 ha derivado en exorbitantes precios del transporte internacional y ocasionó un aumento exponencial de la base imponible del IVA y Arancel de las importaciones, generando todo ello una delicada ecuación de altísimos precios e inflación que afecta a todos los consumidores locales.

Sin embargo, este grave efecto en los precios de las importaciones que genera la crisis logística mundial podría tener una medida de alivio mediante la utilización de los Acuerdos Internacionales de los cual Chile es parte y que se han incorporado en nuestra legislación mediante el Decreto N°16 del año 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el “Acuerdo De Marrakech”, adoptado el 15 de abril de 1994 al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio y sus Acuerdos Anexos, entre los cuales se encuentra el Acuerdo Relativo al Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994.

De este modo, el artículo 8.2 del Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC) permite a los países partes, como Chile, decidir sobre la inclusión, o no, de los costos de transporte internacional en el valor aduanero de las mercancías, al disponer que “Al elaborar su legislación, cada Miembro dispondrá la inclusión o exclusión del valor en aduana, total o parcial, de lo siguiente: (a) el costo de transporte de las mercancías importadas al puerto o lugar de importación; (b) cargos de carga, descarga y manipulación asociados con el transporte de las mercancías importadas al puerto o lugar de importación; y (c) el costo del seguro”. De hecho, algunos países miembros de la OMC, como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, han optado por no incluir estos elementos en sus bases de valoración de la importación.

En consecuencia, así como nuestro legislador ha dictado importantes legislaciones de emergencia para mitigar los graves efectos económicos que afectan a la población, como por ejemplo, el Decreto Supremo Número 420 de 30 de marzo de 2020 y la Ley N° 21.256 de 2 de septiembre de 2020 (llegando incluso a rebajar a un 10% por tres años la tasa del impuesto a la renta de primera categoría de las empresas sujetas al régimen tributario Pro Pyme), también es posible pensar en que nuestras autoridades y legisladores propongan las normas legales necesarias, al menos transitoriamente por este período de crisis, que modifiquen la conformación del valor aduanero y base imponible de las importaciones, disponiendo que se conforme sobre un valor FOB (costo de la mercancía hasta ponerla libre a bordo del medio de transporte en el país de exportación) y no según el valor CIF (costo mercancías, seguro y flete) o, al menos, recurriendo a un flete teórico según las normas técnicas que el mismo Servicio Nacional de Aduanas ha provisto en el Compendio de Normas Aduaneras.

Francisco Javier Orellana Rivera
Presidente Instituto Chileno de Derecho Aduanero
Socio de CCLTAX

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