La ley N° 20.422 de 10 de febrero de 2010, tuvo por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.
En relación a la responsabilidad que al Estado le cabe en este tema, la misma norma dispone que es su deber promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como crear condiciones y velar por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas discapacitadas.
Durante el año 2017, fue publicada la Ley Nº 21.015, con el objeto de aumentar la participación de las personas con discapacidad en el mundo laboral, establecer medidas que dispongan y promuevan la contratación de dichas personas, eliminando barreras que impidan su efectiva inclusión laboral. La citada normativa estableció una exigencia de contratación de personas con discapacidad en el sector público y privado, junto con disponer medidas alternativas al cumplimiento de dicha obligación respecto de empresas que no puedan o no hayan podido cumplir con la cuota de contratación establecida en la ley.
En forma complementaria a la Ley Nº 21.015, el 21 de octubre de 2020 fue publicada la Ley Nº 21.275 que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Habiendo transcurrido cuatro años desde la publicación de la Ley Nº 21.015, diversas organizaciones y fundaciones que trabajan en materias relativas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad manifestaron la necesidad de introducir mejoras al texto legal vigente, con el objeto de perfeccionar o corregir las medidas en él contenidas.
En este contexto, y considerando también al derecho comparado, es que se presenta una moción con el fin de asegurar la inclusión para los discapacitados que persigue nuestra regulación nacional.
Así entonces, con fecha 24 de agosto de 2024, se dicta la Ley N° 21.690, que modifica normas legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. El propósito de esta nueva ley radica en aumentar la reserva de cupos laborales para personas discapacitadas, en empresas y demás entidades empleadoras que constituyan fuentes laborales, y asimismo establecer que los trabajos que se asignen a estas personas sean acordes con sus discapacidades.
Ver texto completo Ley N° 21.690 de 24 de agosto de 2024.
Santiago, 9 de septiembre de 2024.
